En la mayoría de los países, como medio de comunicación, la ley te obliga a guardar lo que emites.

La ley española obliga a conservar seis meses los programas y contenidos audiovisuales, y nombra expresamente las comunicaciones comerciales dentro de esa obligación. Los seis meses se cuentan desde la fecha en que el contenido se puso a disposición del público por primera vez, y junto con conservar el contenido hay que registrar los datos relativos a él. La radio está dentro: el servicio de comunicación audiovisual radiofónico es una categoría propia de la ley, y el cuadro de sanciones tiene una letra dedicada a la radio en cada nivel de gravedad. Quien sanciona es la CNMC.

«A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos enumerados en ese apartado deberán conservar durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de puesta a disposición del público por primera vez los programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales y registrar los datos relativos a dichos programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales.»— Ley 13/2022, artículo 156.2

«En el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a petición con multa de hasta 50.000 euros.»— Ley 13/2022, artículo 160.3.b)

• No conservar los programas y contenidos emitidos, ni registrar sus datos, es infracción leve del artículo 159.7: multa de hasta 50.000 euros para radio.
• Si además hay negativa, resistencia u obstrucción a la autoridad audiovisual, o se retrasa la entrega de los datos requeridos más de dos meses desde el fin del plazo del requerimiento, la infracción pasa a grave: hasta 100.000 euros para radio.
• Existen multas coercitivas de hasta 6.000 euros por día, con un matiz que importa: solo proceden por incumplir medidas provisionales ya acordadas en un procedimiento sancionador, y no pueden superar los importes máximos del artículo 160. No es una multa diaria automática por no tener la grabación.
• La resolución sancionadora se publica en el Registro audiovisual, en el apartado del propio prestador. Las infracciones leves prescriben al año.

La ley venezolana obliga a mantener a disposición del órgano competente grabaciones claras e inteligibles, continuas y sin edición de todos los mensajes difundidos. Las normas técnicas fijan el plazo en un mínimo de cuatro meses continuos desde la difusión inicial, y la ley pone el techo: no puede exceder de seis meses. Alcanza toda la programación diaria, sin excepción por género; los únicos exceptuados son los prestadores de difusión por suscripción. El registro además lleva orden cronológico, indicando los programas y las horas y minutos de difusión que abarca cada soporte.

«Los prestadores de los servicios de radio, televisión o difusión por suscripción deberán mantener a disposición del órgano competente, en razón de las atribuciones previstas en esta Ley: [...] 2. Grabaciones claras e inteligibles, continuas y sin edición de todos los mensajes difundidos por el lapso que se establezca en las normas técnicas, el cual no podrá exceder de seis meses contados a partir de la fecha que hayan sido difundidos los mensajes. Quedan exceptuados de esta obligación los prestadores de los servicios de difusión por suscripción.»— Ley Resorte, artículo 22, numeral 2

«ARTICULO 3.- Disponibilidad de información. Los prestadores de servicios de radio y televisión están en la obligación de realizar una grabación clara, inteligible, continua y sin edición, de toda su programación diaria difundida, manteniendo dichas grabaciones a disposición inmediata de los órganos competentes, durante un período mínimo de cuatro meses continuos, contados a partir del momento de su difusión inicial.»— Normas Técnicas sobre las Condiciones de Prestación de los Servicios de Radio y Televisión, artículo 3

• No entregar al órgano competente las grabaciones requeridas según el artículo 22 se sanciona con multa de uno por ciento (1%) a dos por ciento (2%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción. No es una cifra fija: depende de cuánto facturó la propia radio el año anterior.
• Entregar grabaciones falsas de mala fe cae en un tramo mayor: de tres por ciento (3%) a cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos del ejercicio anterior.
• El plazo para suministrar la información requerida es de quince días hábiles contados desde la recepción del requerimiento, y las grabaciones se entregan en el formato que determinen las normas técnicas.

La ley ecuatoriana manda que la programación y la publicidad de las radios se graben, y habla de ciento ochenta días desde la emisión. Es de las pocas leyes de la región que nombra la publicidad con todas sus letras. Quien se sienta afectado por lo que salió al aire puede pedir copia por escrito, y el medio la entrega en un término no mayor a cinco días.

«Artículo 91.- Archivo de soportes. - La programación y la publicidad, de los medios de comunicación de radiodifusión sonora y de televisión deberá grabarse y se conservará hasta por ciento ochenta días a partir de la fecha de su emisión.»— Ley Orgánica de Comunicación, artículo 91

«Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Toda persona que se sienta afectada por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar fundadamente copias de los programas o publicaciones. Los medios de comunicación tienen la obligación de atender favorablemente, en un término no mayor a 5 días, las solicitudes de entrega de copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito y cumplan las condiciones del inciso anterior.»— Ley Orgánica de Comunicación, artículo 28

• Ecuador no tiene una multa por esto. La reforma de 2019 eliminó la Superintendencia de la Información y Comunicación y con ella las multas tarifadas de la ley, y su Disposición Transitoria Quinta extinguió incluso las sanciones ya impuestas que no se habían pagado.
• Lo que quedó en su lugar es la responsabilidad civil del artículo 21: indemnizaciones y compensaciones sin tope ni tabla, que fija un juez caso por caso y previo al debido proceso.
• Los plazos que corren contra la radio son cortos: rectificación y réplica en 72 horas o en las tres próximas programaciones desde el reclamo escrito, y entrega de copias en un término no mayor a 5 días.

La ley guatemalteca pide que los textos se lean fielmente y que, cuando se improvisa ante el micrófono, esa improvisación se grabe. Los textos y las grabaciones se conservan tres meses en los archivos de la radiodifusora. Es una ley con rango constitucional: la Constitución de 1985 remite a ella expresamente, y reformarla exige dos tercios del Congreso y dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Quien se considere ofendido puede pedir que le muestren los textos o le hagan oír las grabaciones, y copia firmada y sellada de los textos si la solicita.

«Los propietarios de las estaciones radiodifusoras o sus representantes legales, exigirán que todos los textos que se transmitan por radio o televisión, se lean fielmente, salvo errores de dicción. Cuando se improvise ante el micrófono debe grabarse la improvisación. Los textos y grabaciones se conservarán durante tres meses en los archivos de la radiodifusora o de los radioperiódicos. Tales requisitos no serán necesarios para breves comentarios o intervenciones regulares de los locutores.»— Decreto 9, artículo 20

«Los propietarios o directores de radioperiódicos o radiodifusoras deberán mostrar los textos, o hacer oír los discos o cintas magnetofónicas de sus archivos a quienes se consideren ofendidos por alguna radiodifusión. […] También estarán obligados a darles copia firmada y sellada de tales textos, si los solicitan.»— Decreto 9, artículo 24

«La falta de cumplimiento de la obligación prescrita por el artículo 24 será penada hasta con dos meses de arresto menor, conmutable, en la forma y cuantía que establece el Código Penal. Dicha pena la impondrá un Juez de Paz, a solicitud del ofendido, previa audiencia al interesado.»— Decreto 9, artículo 26

• No mostrar los textos ni hacer oír las grabaciones a quien se considere ofendido se pena hasta con dos meses de arresto menor, conmutable, y la impone un Juez de Paz a solicitud del ofendido, previa audiencia al interesado.
• El Código Penal fija la conmuta entre Q5 y Q100 por día. Sobre los sesenta días de tope del arresto, eso da un rango de Q300 a Q6.000, que es una cuenta a partir del Código Penal y no una cifra que aparezca en la ley.
• El sancionado es el propietario o director, es decir una persona, no la radio como empresa.
• La ley no fija días para mostrar el archivo: el deber se activa con el requerimiento del ofendido.

La ley salvadoreña obliga a los medios a archivar sesenta días calendario copia de sus cintas magnetofónicas, videos y archivos digitales de los espacios en que divulguen noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales, discursos o debates. Para una radio, archivar la emisión supone haberla grabado. El archivo existe para que el afectado pueda ejercer su derecho de rectificación o respuesta, y el medio tiene tres días hábiles para difundirla desde que recibe la petición.

«Art. 9.- El derecho protegido por esta ley, se ejercerá mediante petición escrita dirigida al medio de comunicación responsable de la publicación o difusión, por medio del gerente, director editorial, jefe de redacción o su equivalente, dentro del plazo establecido en esta ley; debiendo adjuntarse a la misma, una copia para efectos de recepción de parte del medio de comunicación. Para facilitar el acceso a este derecho, los medios de comunicación, estarán obligados a archivar, por un plazo de sesenta días calendario, copia de sus respectivas publicaciones, cintas magnetofónicas, videos y archivos digitales, que correspondan a sus espacios en que divulguen noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales, discursos o debates que hayan producido, publicado o difundido en la República de El Salvador. Asimismo, la información de los responsables o firmantes de los campos pagados.»— Decreto Legislativo N.º 422, artículo 9

«Art. 22. Toda responsabilidad del medio de comunicación se limitará única y exclusivamente a la publicación que reconozca de forma voluntaria o la ordenada por el juez competente y no habrá lugar a ningún otro tipo de responsabilidad, salvo los efectos en el caso de desobediencia contempladas en el Código Penal.»— Decreto Legislativo N.º 422, artículo 22

• La ley especial no fija multa por no archivar. El artículo 22 limita la responsabilidad del medio a publicar la rectificación, salvo los efectos de la desobediencia contemplados en el Código Penal.
• Si el medio desobedece la orden del juez, entra el delito de desobediencia de particulares del artículo 338 del Código Penal: prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa.
• El valor del día multa no es fijo. El artículo 51 del Código Penal lo sitúa entre una tercera parte y cinco veces el menor salario mínimo diario vigente en el lugar al tiempo del hecho, y el monto final lo fija el juez.
• Los plazos del reclamo: el afectado tiene 15 días hábiles para pedir la rectificación, la radio tiene 3 días hábiles para difundirla, y si se niega el perjudicado tiene 5 días hábiles para demandar ante Juez de Paz.

La norma peruana obliga al titular del servicio de radiodifusión a conservar la grabación de la programación nacional y de los comerciales, para cada estación, durante cuarenta y cinco días calendario contados desde la emisión. La obligación no está en la Ley 28278 sino en su Reglamento, en la redacción que le dio el D.S. 015-2018-MTC. La grabación puede ser requerida por el CONCORTV para verificar el cumplimiento del Código de Ética y lo establecido sobre la franja horaria. El mismo Reglamento pone la carga de probar ese cumplimiento sobre el titular del servicio.

«Artículo 104.- Obligación de guardar la grabación de los programas de radiodifusión El titular del servicio de radiodifusión conserva la grabación de la programación nacional y de los comerciales, para cada estación, por un plazo de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la fecha de su emisión. Dicha grabación puede ser requerida por el CONCORTV para verificar el cumplimiento del Código de Ética y lo establecido con relación a la franja horaria.»— Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, artículo 104 (texto del D.S. N° 015-2018-MTC)

«98-B.3 La carga de probar el cumplimiento del Código de Ética recae en el titular del servicio de radiodifusión.»— Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, artículo 98-B.3

• La escala de multas de la Ley 28278 va de 1 hasta 10 UIT en las infracciones leves, de más de 10 hasta 30 UIT en las graves y de más de 30 hasta 50 UIT en las muy graves. Ninguna de esas infracciones nombra el artículo 104: no hay una multa atada a la grabación con nombre propio.
• Las sanciones posibles son amonestación, multa y cancelación de la autorización. La cancelación queda reservada a la comisión reiterada de infracciones muy graves o al incumplimiento de una medida cautelar de suspensión de la autorización.
• Quien verifica, evalúa, determina y sanciona es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. CONCORTV puede pedir la grabación, pero no sanciona: dentro del procedimiento sancionador solo emite opinión no vinculante.
• Antes de sancionar puede haber medida correctiva: la autoridad puede dictarla para corregir o cesar la situación irregular, y su acatamiento comprobado no da lugar al inicio del procedimiento sancionador.

La ley argentina obliga a todo titular de licencia o autorización de servicios de comunicación audiovisual a registrar o grabar sus emisiones y a conservarlas. El plazo son treinta días desde la emisión, y el material queda disponible para entregarlo a la autoridad dentro de los diez días de que lo solicite. La obligación se escribió sobre "las emisiones", sin distinguir contenido, y la misma reglamentación nombra las tandas publicitarias con todas las letras cuando manda llevar un Libro de Registro de Transmisiones.

«c) Registrar o grabar las emisiones, conservándolas durante el plazo y en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación;»— Ley 26.522, artículo 72, inciso c)

«7. Plazo de Reserva de las Grabaciones. El plazo de reserva o mantenimiento de las grabaciones es de TREINTA (30) días desde que se produjera la emisión, mediante la tecnología adecuada para su conservación. El material deberá estar disponible para su entrega a requerimiento de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, dentro del plazo de DIEZ (10) días desde que se solicite, salvo que por razones de urgencia dicha Autoridad Federal requiera un plazo menor. En los casos que la producción emitida sea requerida para resguardo público, mediante solicitud del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, se remitirán DOS (2) copias.»— Decreto 1225/2010, Anexo I, reglamentación del artículo 72, punto 7

«d) Mantener un archivo de la producción emitida cuyos contenidos deberán estar disponibles para el resguardo público. A tales fines, las emisoras deberán remitir al Archivo General de la Nación los contenidos que le sean requeridos. Queda prohibida la utilización comercial de estos archivos;»— Ley 26.522, artículo 72, inciso d)

• La sanción no es un monto fijo en pesos: la escala del artículo 103 va de llamado de atención y apercibimiento a multa del cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por ciento (10%) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho, suspensión de publicidad y caducidad de la licencia o registro.
• El instrumento con que se determina la multa tiene carácter de título ejecutivo, y el propio artículo 103 aclara que sus sanciones se aplican sin perjuicio de otras que pudieran resultar aplicables de acuerdo a la legislación civil y penal vigente.
• No registrar o grabar las emisiones no figura en la lista de falta leve (artículo 104) ni en la de falta grave (artículo 106): cae en el régimen general del artículo 103, y la autoridad elige la sanción dentro de esa escala.
• Quien exige es el ENACOM, autoridad de aplicación de la Ley 26.522 desde el Decreto 267/2015, que además dispuso que toda mención a la AFSCA en la ley y sus reglamentaciones se entiende hecha al ENACOM.

La Ley TIC obliga a los proveedores de radiodifusión sonora a conservar a disposición de las autoridades, por lo menos treinta días, la grabación completa o los originales escritos firmados por su director de los programas periodísticos, informativos y discursos que se transmitan. La propia ley agrega que esas grabaciones constituyen prueba suficiente para sus efectos. La obligación es acotada: la publicidad no está nombrada. El reglamento vigente repite el mismo texto y hoy vive en la Resolución CRC 5050 de 2016, artículo 17.1.3.7.

«Los proveedores de servicios de radiodifusión sonora estarán obligados a conservar a disposición de las autoridades, por lo menos durante treinta (30) días, la grabación completa o los originales escritos, firmados por su director, de los programas periodísticos, informativos y discursos que se transmitan. Tales grabaciones, así como las que realiza el Ministerio, constituirán prueba suficiente para los efectos de esta ley.»— Ley 1341 de 2009, artículo 61

«Los concesionarios del Servicio Público de Radiodifusión Sonora están obligados a conservar a disposición de las autoridades, por lo menos durante treinta (30) días, la grabación completa o los originales escritos, firmados por su director, de los programas periodísticos, informativos y discursos que se transmitan.»— Resolución CRC 5050 de 2016, artículo 17.1.3.7, Archivo de grabaciones

• No existe una sanción dedicada a no conservar grabaciones. La conducta encaja en el régimen general del artículo 64, por incumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones, licencias, autorizaciones y permisos, y por cualquier otra forma de incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones.
• Las sanciones del artículo 65 son cinco: amonestación; multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para personas naturales; multa hasta por el equivalente a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales para personas jurídicas; suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses; y caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso.
• La autoridad sancionadora es el MinTIC. Hay rebajas por cese voluntario de la conducta: hasta tres cuartas partes si cesa dentro de los cinco días siguientes a la formulación de cargos, hasta la mitad dentro de los quince días, y hasta la tercera parte antes de que termine el período probatorio.
• Para pedir la copia no hay plazo sectorial: el mecanismo general es el derecho de petición ante organizaciones privadas, donde las peticiones de documentos y de información se resuelven dentro de los diez días siguientes a su recepción.

En Panamá los concesionarios de radio abierta conservan treinta días calendario las grabaciones de los programas o segmentos de programas de opinión pública originados en el país, sean propios o de espacios pagados de terceros, sin alteraciones de ningún tipo. Quien las pide no es solo la autoridad: el mismo artículo legitima a cualquier particular interesado, y la copia se entrega dentro de los dos días hábiles siguientes a la solicitud escrita. La obligación no está en la Ley 24 de 1999 sino en su reglamento, el Decreto Ejecutivo 189 del mismo año.

«Los concesionarios del servicio público de radio o televisión abierta estarán obligados a mantener por treinta (30) días calendario contados a partir del momento que se emitan programas o segmentos de programas de opinión pública, originados en Panamá […] las correspondientes grabaciones, sin alteraciones o modificaciones de ningún tipo, de dichos programas o segmentos.»— Decreto Ejecutivo 189 de 1999, artículo 173

• La sanción no está en el artículo 173: se llega por la vía residual del artículo 176 del mismo reglamento, que convierte en infracción toda omisión de sus obligaciones.
• Para radio, multa de B/.100.00 a B/.500.00, el mismo rango que fija el artículo 28 de la Ley 24 de 1999. Para televisión, de B/.5,000.00 a B/.25,000.00.
• En los casos que exijan acción inmediata, de B/.50.00 a B/.100.00 diarios, reiterables hasta que se cumpla. Sanciona la ASEP, el Ente Regulador que nombran las normas.

La ley uruguaya obliga a conservar los contenidos audiovisuales de producción nacional difundidos durante un plazo mínimo de treinta días desde la emisión, y el reglamento precisa que son treinta días corridos. Es un piso y no un techo: la ley dice como mínimo. Cualquier persona, física o jurídica, puede solicitar la grabación total o parcial de la programación de una emisora, sin necesidad de ser el aludido.

«Conservar los contenidos audiovisuales de producción nacional difundidos durante un plazo, como mínimo, de treinta días a contar desde la fecha de su emisión. Esta obligación no regirá para los servicios de televisión para abonados.»— Ley 20.383, artículo 46, literal C

«Conservación de contenidos. Los Servicios de Radiodifusión Sonora, de Televisión Abierta y de Televisión para Abonados en sus señales propias, deberán conservar, al menos por 30 (treinta) días corridos desde su difusión, los contenidos de producción nacional.»— Decreto 31/025, artículo 31, en la redacción del Decreto 137/025

• La primera vez la infracción es leve: multa de hasta 300 UR, sin mínimo fijado, por acciones u omisiones contrarias a las obligaciones de la Ley 20.383 que no estén tipificadas como graves o muy graves.
• Si la conducta es grave, reiterada y constatada mediante resolución firme, la tabla fija un mínimo de 100 UR y un máximo de 600 UR.
• En caso de reiteración, el monto de la multa aplicada con inmediata anterioridad se eleva como mínimo al doble y como máximo al cuádruple, con un tope de 10.000 UR. Los antecedentes se cuentan 24 meses en las faltas leves y 48 meses en las graves y muy graves.
• Las radios cuya área de cobertura no incluye Montevideo ni el área metropolitana tienen los mínimos de la tabla abatidos hasta en un 50%. Las multas no son automáticas: se gradúan por antecedentes, capacidad económica, área de cobertura autorizada, población afectada y beneficio obtenido. La multa la aplica URSEC, y las resoluciones sancionatorias firmes son públicas.

La ley chilena obliga a las radios a conservar veinte días copia de su contenido hablado de origen nacional: noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, editoriales, discursos y debates. Quien se sienta ofendido o aludido puede requerir esa copia directamente, y el medio la pone a su disposición dentro de quinto día.

«Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligados a dejar copia o cinta magnetofónica y a conservarla durante veinte días, de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, disertación, editorial, discurso o debate que haya transmitido.»— Ley 19.733, artículo 15

• Multa de 2 a 30 UTM por infringir el título donde vive el artículo 15. Una vez ejecutoriada la sentencia, el tribunal aplica una nueva multa por cada transmisión efectuada sin cumplir la obligación.
• Del pago responden solidariamente el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación social.
• La infracción puede denunciarla cualquier persona, ante el juez de letras en lo civil del domicilio del medio.

La ley paraguaya de rectificación o contestación obliga a los medios radiales y audiovisuales dirigidos al público en general a grabar y conservar quince días hábiles toda manifestación que aluda a terceras personas. Es una ley civil de prensa, no una norma del regulador de telecomunicaciones. Cuando el asunto llega a un juez, el juzgado dispone de oficio que el medio remita la grabación en el término de tres días perentorios.

«A los efectos de esta ley, los medios radiales y audiovisuales de comunicación social dirigidos al publico en general, grabaran y conservaran durante quince dias habiles, posteriores a su propalacion, toda manifestacion que aluda a terceras personas.»— Ley 1262/1987, artículo 7

«El juicio se tramitara en forma sumaria y a la presentacion del escrito de recurso, el juez dispondra de oficio que el demandado remita o presente la informacion rectificada o contestada, su grabacion o reproduccion escrita con las razones de su negativa, en el termino de tres dias perentorios.»— Ley 1262/1987, artículo 5

• No hay multa administrativa de CONATEL por no grabar: el regulador no es la autoridad de esta obligación y su reglamento vigente de radiodifusión sonora, la RD 1961/2024, controla el servicio con sus propias estaciones de comprobación técnica.
• La exposición aparece cuando hay una orden judicial y no se cumple. El Código de Organización Judicial, Ley 879/1981, artículo 236, faculta a jueces y tribunales a sancionar las faltas cometidas en el diligenciamiento de sus mandatos u órdenes con multas que no pueden exceder de treinta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, ni el arresto de veinte días.
• La Ley N° 4711/2012 castiga el desacato de una orden judicial escrita con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa, y la pena puede elevarse hasta cinco años cuando hubo apercibimiento escrito y previo del juzgado.

El Código Brasileño de Telecomunicaciones manda grabar toda la irradiación y mantenerla en archivo durante las veinticuatro horas siguientes al cierre de los trabajos diarios de la emisora. Los programas políticos, debates, entrevistas, pronunciamientos de la misma naturaleza y cualquier emisión no registrada en texto se conservan veinte días en las emisoras de hasta 1 kW y treinta días en las demás, y los textos escritos de los programas, noticiosos incluidos, sesenta días. El artículo sigue en pie: la Ley General de Telecomunicaciones de 1997 derogó ese código salvo los preceptos relativos a la radiodifusión.

«Art. 71. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24 horas subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários de emissora. § 1º As Emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas transmitidos. § 2º As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos devidamente autenticados pelos responsáveis, durante 60 (sessenta) dias. § 3º As gravações dos programas políticos, de debates, entrevistas pronunciamentos da mesma natureza e qualquer irradiação não registrada em texto, deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 (vinte) dias depois de transmitidas, para as concessionárias ou permissionárias até 1 kw e 30 (trinta) dias para as demais. § 4º As transmissões compulsoriamente estatuídas por lei serão gravadas em material fornecido pelos interessados.»— Lei 4.117/1962, artículo 71 (redacción del Decreto-lei 236/1967)

«Ficam revogados: I - a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo quanto a matéria penal não tratada nesta Lei e quanto aos preceitos relativos à radiodifusão»— Lei 9.472/1997, artículo 215, inciso I

«Art. 57. Fica estabelecido em R$ 146.533,21 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) o valor máximo da multa por infração às disposições da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, às leis e aos regulamentos ou às demais normas aplicáveis aos serviços de radiodifusão e seus ancilares.»— Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 2023, artículo 57

• La conducta está tipificada con nombre propio y alcanza expresamente a la radio: deixar de manter em arquivo a gravação da programação durante as 24 horas subsequentes à sua transmissão, clasificada como Média para OM, OC, OT, FM, RADCOM y TV. Con la misma clasificación figuran no conservar los textos de los programas sesenta días, no conservar la programación política por sus veinte o treinta días, y no poseer equipo de audio apto para atender el artículo 71.
• El techo de la multa es de R$ 146.533,21. El monto puntual sale de una fórmula oficial con tres tablas de factores: el servicio y la clase de la emisora, el tamaño y el IDH del municipio, y la gravedad de la infracción. Se descuenta 50% si es la primera vez y se duplica si hay reincidencia.
• Aplicando esa fórmula a una FM real, la multa por esta infracción se mueve en el orden de R$ 6 mil a R$ 92 mil, lejos del techo. Ese rango es cálculo propio con los factores oficiales, no una cifra publicada por el Ministério.
• En campaña electoral el rigor es otro: negarse a cumplir órdenes de la Justicia Electoral está penado con detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

En México no se encontró una norma que ordene a la radio grabar lo que emite. Lo que sí existe es el deber de entregarlo: cuando una persona de la audiencia presenta una queja, la Persona Defensora de la Audiencia le requiere a la concesionaria los testigos de audio del contenido, y esta los remite dentro de los cinco días hábiles siguientes. La audiencia tiene siete días hábiles desde la emisión para quejarse, y la queja alcanza al contenido, al programa y a la publicidad. Los Lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2026 y rigen desde el 27 de septiembre de 2026, a los treinta días naturales de esa publicación.

«Admitida la Queja, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, la Persona Defensora requerirá a la Concesionaria de Televisión Abierta y Radio para que ésta, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, remita: I. Un informe sobre los hechos motivo de la Queja, y II. Los testigos de audio y/o video del Contenido señalado por la Audiencia, siempre que se haya emitido el Contenido, o en su caso el contenido que haya sido transmitido en el canal, el día y en el horario señalado por la audiencia.»— Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, artículo 46

«La Queja se deberá presentar dentro de los 7 (siete) días siguientes a aquel en que se emitió el Contenido, programa o Publicidad.»— Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, artículo 45

• Las infracciones a los Lineamientos se sancionan con multa del 0.01% hasta el 1% de los ingresos acumulables de la concesionaria, por la vía del artículo 295 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
• Por el derecho de réplica, la Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional prevé multas de 500 a 5,000 UMA por no notificar al particular o por no publicar la réplica en plazo, y de 5,000 a 10,000 UMA por desobedecer la sentencia del Juez. Con la UMA 2026 en $117.31 diarios, esos rangos son de $58,655.00 a $586,550.00 y de $586,550.00 a $1,173,100.00 pesos mexicanos.
• Las multas del derecho de réplica las aplica un Juez de Distrito, y sancionan no notificar, no publicar la réplica y desobedecer al juez: ninguna de ellas castiga no tener la grabación.

La ley hondureña no ordena grabar: da por supuesto que la radio conserva textos y grabaciones para su garantía, y lo que ordena es mostrarlos a quien se considere afectado. Lo que se multa es no mostrarlos. No hay plazo de conservación declarado, ni en días ni en meses ni en años, y los documentos y materiales no pueden salir del archivo de la radio salvo por orden de autoridad competente. Aparte, el derecho de réplica obliga a publicar la defensa del perjudicado, con tres días de margen.

«Artículo 20º.- Los archivos de las radiodifusoras, en lo concerniente a los textos de radiodifusiones y a las grabaciones que conserven para su garantía, deberán mostrarse a las personas que se consideren afectadas, las cuales al examinar estos documentos y materiales serán responsables ante los tribunales comunes por los abusos que cometieren. Tales documentos y materiales no podrán extraerse de los archivos de las radiodifusoras más que por orden de la autoridad competente. La falta de cumplimiento de las obligaciones anteriores causará multa que se graduará entre cien y mil lempiras.»— Decreto N.º 6 de 1958, artículo 20

«Artículo 35º.- El periódico escrito o hablado que sin causa justificada se niegue a publicar la réplica o defensa del reclamante o que demore su publicación por más de tres días, incurrirá en una multa de cien a quinientos lempiras, que hará efectiva gubernativamente la Gobernación Política respectiva, sin perjuicio de publicar la defensa o réplica en la edición subsiguiente.»— Decreto N.º 6 de 1958, artículo 35

• No mostrar el archivo ni las grabaciones a la persona que se considera afectada causa una multa graduada entre cien y mil lempiras.
• Negarse sin causa justificada a publicar la réplica, o demorarla más de tres días, cuesta una multa de cien a quinientos lempiras que hace efectiva gubernativamente la Gobernación Política respectiva, y la réplica hay que publicarla igual en la edición siguiente.
• El verdadero costo no es el monto: es quedarse sin nada que mostrar cuando alguien reclama por algo que salió al aire.

No se encontró ninguna norma dominicana que obligue a una radio a grabar o conservar lo que emite: ni la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, ni el reglamento de radiodifusión sonora en FM, ni el de AM, que declaran que el contenido se rige por el régimen propio de los medios de comunicación social. Lo que cambió es el otro lado: desde el 3 de agosto de 2026 rige un Código Penal nuevo, la Ley 74-25, que nombra expresamente lo radial y el streaming al definir la difamación y la injuria, y que permite condenar penalmente a la radio como persona jurídica.

««Los servicios de Radiodifusión Sonora de Frecuencia Modulada (FM) se regirán en su contenido por los aspectos propios de los medios de comunicación social, y por los que regulen los derechos de autor, sean normas de derecho interno o resultantes de Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana.»»— Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora de Frecuencia Modulada (FM) de INDOTEL, Res. 45-02, artículo 2.1 (idéntico en el Reglamento AM, Res. 46-02)

««Difamación. Constituye difamación la alusión o imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, audiovisual o escrito, radial o televisivo, streaming, electrónicos o en el ciberespacio. Párrafo.- La difamación será sancionada con pena de dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público, además de las penas complementarias y medidas sociojudiciales correspondientes.»»— Ley núm. 74-25, Código Penal, artículo 208

««Toda reproducción de una imputación que se haya calificado de difamatoria se reputará hecha de mala fe, salvo prueba en contrario a cargo de su autor.»»— Ley 6132, artículo 38 (vigente)

• No hay multa por no grabar. El costo aparece el día que te demandan, y desde el 3 de agosto de 2026 ese costo cambió de tamaño: la difamación por vía radial se sanciona con dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
• La injuria por los mismos medios se sanciona con quince días a un año de prisión menor o multa de uno a dos salarios mínimos del sector público, o ambas.
• El artículo 212 del Código Penal nuevo permite declarar penalmente responsable a la propia radio como persona jurídica, algo que el régimen anterior no contemplaba: las penas del artículo 39 abren a la multa, a las penas complementarias y hasta a la disolución legal.
• Y la Ley 6132 mantiene vigente su artículo 38: reproducir una imputación calificada de difamatoria se reputa hecha de mala fe, salvo prueba en contrario a cargo de su autor. Quien no tiene el audio no tiene con qué aportar esa prueba.

La ley costarricense no obliga a conservar el audio de lo emitido. Lo que sí obliga, y está vigente, es a conservar en archivo copias de las pautas diarias de programación por lo menos un mes calendario: el documento de qué se iba a emitir y a qué hora, no la emisión. El MICITT puede pedir copia de esas pautas y de los anuncios, y se remiten en cinco días hábiles. En paralelo, la Ley de Radio impone a los directores vigilar las radiodifusiones, que es una obligación en vivo y no de archivo.

«Para estos efectos, las estaciones televisivas, radiales, o salas de cine, deberán conservar en sus archivos copias de las pautas diarias de programación por lo menos durante el plazo de un (1) mes calendario.»— Decreto Ejecutivo 34765, artículo 129

«El autor de injuria o de difamación no es punible, si la imputación consiste en una afirmación verdadera y ésta no ha sido hecha por puro deseo de ofender o por espíritu de maledicencia.»— Código Penal, artículo 149, Prueba de la verdad

• La injuria, la difamación y la calumnia siguen penadas en días multa: de 10 a 50 la injuria, de 15 a 75 si es en público, de 20 a 60 la difamación, de 50 a 150 la calumnia y de 30 a 100 la difamación de persona jurídica. La salida es la prueba de la verdad del artículo 149, que exime cuando la imputación es una afirmación verdadera. Probar que lo dicho era cierto exige tener con qué.
• La rectificación corre rápido: el afectado tiene cinco días naturales para pedirla, el medio la difunde dentro de los tres días siguientes, y la Sala Constitucional resuelve en tres días previa audiencia de veinticuatro horas al medio.
• Desobedecer una orden de amparo de rectificación se castiga con prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa.
• Por no conservar las pautas, el reglamento faculta a iniciar el cobro de la multa de la Ley 1758 por cada vez que se incumpla. Esa multa es de tres mil colones (¢3.000,00): un monto nominal de 1981, sin indexar, que hoy es simbólico y no sirve como referencia económica.

No existe regla de la FCC que obligue a una emisora de radio, comercial o educativa no comercial, a grabar y conservar copia de su programación. Lo que sí se conserva son papeles y no audio: la lista de ejecutivos de quien pagó publicidad política o de temas controvertidos, dos años, y el archivo político, dos años. En Puerto Rico rige exactamente lo mismo que en cualquier estado: la única autoridad de radiodifusión es la FCC.

«...list of the chief executive officers or members of the executive committee or of the board of directors of the corporation, committee, association or other unincorporated group, or other entity shall be made available for public inspection at the location specified under § 73.3526. [...] Such lists shall be kept and made available for a period of two years.»— 47 CFR § 73.1212(e)

«Political file. Such records as are required by § 73.1943 to be kept concerning broadcasts by candidates for public office. These records shall be retained for the period specified in § 73.1943 (2 years).»— 47 CFR § 73.3526

• Las reglas de identificación de patrocinador (47 CFR § 73.1212) y de payola (47 U.S.C. § 508) exigen revelar quién pagó por lo que salió al aire, y sin el audio no hay cómo demostrar qué se transmitió ni con qué anuncio de patrocinio.
• La multa de la FCC a un licenciatario de radiodifusión llega a USD 62,829 por infracción o por día de infracción continuada, con un tope de USD 628,305 por un mismo acto u omisión. Para material obsceno, indecente o profano los topes son USD 508,373 y USD 4,692,668. Son las cifras vigentes en 2026: este año la FCC no ajustó las multas por inflación.
• La payola es delito federal, no solo infracción administrativa: hasta USD 10,000 de multa y hasta 1 año de prisión por violación, perseguible por el Departamento de Justicia.
• Caso real: la FCC impuso USD 44,000 a la licenciataria de WLS-AM (Chicago) por violación willful and repeated de las reglas de identificación de patrocinador (Forfeiture Order FCC 14-10, 10/02/2014).
• La ventana de exposición hacia atrás es de alrededor de un año: no puede imponerse multa a una emisora si la violación ocurrió más de un año antes de la notificación, o antes del inicio del término de licencia vigente, lo que sea anterior.

En Bolivia no hay norma que obligue a una radio a grabar y conservar lo que emite. El marco del sector, la Ley 164 con sus reglamentos, regula espectro, parámetros técnicos y licencias, no contenidos ni archivo. La prueba más firme de eso es la lista cerrada de infracciones de radiodifusión: enumera once conductas sancionables y ninguna es conservar o entregar una grabación. Lo que sí existe es el derecho constitucional a la rectificación y a la réplica, sin ley que lo desarrolle para radio: no hay plazo, ni procedimiento, ni deber de conservar la prueba.

«El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.»— Constitución Política del Estado, artículo 106, parágrafo II

«Constituyen infracciones contra los servicios de radiodifusión las siguientes: Formar monopolios u oligopolios […]; Emitir, reproducir, distribuir, transmitir, retransmitir o difundir contenidos cualquiera sea su naturaleza mediante el servicio de radiodifusión o valor agregado para televisión digital terrestre sin la autorización expresa del titular de los derechos o del distribuidor; Incumplir con la obligación de transmisión de mensajes presidenciales oficiales; Modificar indebidamente la ubicación de las plantas de transmisión y/o características técnicas de operación autorizadas por la ATT; Incumplir con la prestación del servicio de radiodifusión en la respectiva área de servicio y la cobertura […]; Operar fuera de los parámetros técnicos autorizados en la licencia […]; Incumplir con los instructivos técnicos emitidos por la ATT […]; Incumplir los plazos del apagón analógico […]; Incumplir con el Pago de Transmisión y Multiplexación […]; Incumplir con el porcentaje de producción nacional […]; Suspender las emisiones o realizar corte del servicio sin contar con la Autorización de la ATT.»— DS 4326 (RISSTIC), artículo 24, Infracciones contra los servicios de radiodifusión

• No hay multa por no grabar, porque no hay obligación de grabar. El régimen sancionador del sector existe, pero su lista de infracciones de radiodifusión es cerrada y ninguna de las once conductas es conservar o entregar una grabación.
• El derecho a la rectificación y a la réplica está en la Constitución y ninguna norma del sector lo desarrolla para radio: se buscó rectificación y réplica en la Ley 164 y en el DS 1391, con cero aciertos en ambas. El derecho existe y no hay plazo, procedimiento ni deber de conservar la prueba con la que responderlo.
• La ley no obliga a grabar, y por eso mismo deja al medio sin registro propio de lo que salió al aire el día en que alguien reclama.

No se encontró ninguna norma vigente que obligue a una radio nicaragüense a grabar o conservar lo que emite. La ley que hoy gobierna a la radio es la Ley 1223, Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que derogó a la Ley 200 y a su reglamento. Su artículo 112 enumera lo que la radio tiene que exhibirle a TELCOR, y la grabación de la emisión no está en esa lista. El derecho de aclaración que regulaba la Ley 57 de 1989 tampoco está vigente, así que hoy no corre ningún plazo legal para responder un reclamo.

«En el caso de los Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Proveedores de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, además están obligados a exhibir al personal de TELCOR para su revisión, los documentos relacionados con su actividad comercial, operación técnica, actividad financiera, registros contables, planes tarifarios, información estadística y societaria, así como la correspondencia comercial y registros electrónicos, incluyendo los programas informáticos o facilidades que fueran necesarias para su lectura e interpretación, entre otros.»— Ley 1223, artículo 112

«Las obligaciones establecidas en el presente Título, son enunciativas más no limitativas; sin perjuicio de aquellas obligaciones establecidas en otras disposiciones legales, en los contratos de servicio y en las Normativas que para tal efecto emita TELCOR.»— Ley 1223, artículo 101, párrafo final

• No grabarse no es infracción en Nicaragua: no hay una sola infracción tipificada por no tener la grabación de lo emitido.
• Lo que sí existe es el régimen general de multas de TELCOR del artículo 144 de la Ley 1223, calculado en salarios mínimos del sector comunicaciones: hasta 4 salarios mínimos las infracciones leves, de 5 a 8 las graves y de 9 a 15 las muy graves. Con el salario mínimo del sector vigente desde el 01/03/2026, de C$ 11.350,08, eso son hasta C$ 45.400,32, de C$ 56.750,40 a C$ 90.800,64 y de C$ 102.150,72 a C$ 170.251,20. Son sanciones por infracciones técnicas y comerciales, no el precio de no tener archivo.
• Lo único que la Ley 1223 y sus normativas mandan conservar hoy no es audio: el Acuerdo Administrativo 007-2025 de TELCOR pide guardar el expediente del Usuario dos años, un deber que cuelga de un contrato por adhesión que una radio abierta no firma con nadie.